La Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, liderada por Roberto Ruano Ortega, aseguró a finales del pasado mes de abril, cuando se interpuso una demanda ante la Profeco, que mantiene “pláticas cordiales” con el Estadio Azteca para resolver el conflicto de los palcos rumbo a la Copa Mundial 2026.
Sin embargo, Miguel Alessio, dueño de uno de los palcos del inmueble, advierte que esta organización no representa a todos los palcohabientes y que sus declaraciones generan confusión entre los propietarios.
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“La Asociación sólo tiene el 30 por ciento del boletaje de palcos y plateas como asociados, no habla en representación de todos”, afirmó Alessio en entrevista con EL UNIVERSAL DEPORTES.
Según él, la agrupación, que reporta dos mil 500 socios, no abarca a la mayoría de los dueños de los 856 palcos y ocho mil 144 plateas del estadio.
“No representa a todos, no habla por todos y nos preocupa que él diga que tiene pláticas cordiales y que está representando a todos, eso no es verdad, a los demás no nos quieren decir nada”, añadió, refiriéndose a Ruano secretario general de dicha Asociación.
La falta de comunicación directa con los palcohabientes no asociados, como Alessio y su familia, agrava la incertidumbre. “Nosotros no sabemos, nunca nos han dicho nada, qué han hablado, qué les han dicho, qué está proponiendo el Estadio Azteca con la FIFA”, señaló.
Cabe señalar que los costos para adquirir un espacio en el inmueble fueron de entre ocho mil a 115 mil pesos de la época. Ahora, con un valor de entre 15 y 20 millones de pesos por palco, los propietarios se sienten desprotegidos ante la posibilidad de que sus derechos sean ignorados.
Aunque la Asociación afirma que el diálogo con el estadio continúa, Alessio y otros palcohabientes no confían en que estas negociaciones los incluyan.
“Si él tiene pláticas cordiales me parece que se está equivocando al no expresarlas porque qué pláticas son esas, qué arreglo va a llegar él y sus asociados y no los demás, tendría que ser parejo”, sentenció.
Con el Mundial a menos de 400 días, los palcohabientes buscan que se respeten sus contratos que, según ellos, son claros y no admiten excepciones.
